La nueva Golden Visa española, además de impedir a los extranjeros obtener el visado por comprar una vivienda en España de 500.000 euros o más, como ya anunció el Gobierno, también prohibirá que inviertan en proyectos que incrementen los precios de la vivienda en nuestro país a cambio del permiso de residencia.
El Congreso de los Diputados ya tramita la Proposición de Ley de Sumar para modificar la Golden Visa, el sistema que da a los extranjeros no comunitarios el permiso de residencia a cambio de inversiones en España. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el pasado 8 de abril que eliminaría la posibilidad que permite a los extranjeros obtener el visado por comprar una vivienda en España por, al menos, 500.000 euros, con el objetivo de enfriar los precios del mercado inmobiliario.
El nuevo texto que tramita la Cámara Baja ya elimina de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización la posibilidad de que los extranjeros tengan el visado por comprar una vivienda en España, pero además, trae como novedad el veto a invertir en proyectos que encarezcan el mercado.
Concretamente, la propuesta de reforma de la ley mantiene que los extranjeros, a cambio del visado, podrán invertir en un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará la creación de puestos de trabajo, su impacto socioeconómico o su aportación a la innovación científica o tecnológica. Pero, añade por primera vez que la inversión "no podrá suponer un efecto inflacionista en materia de vivienda en la zona geográfica en que se pretenda realizar".
Para evitarlo, la ley dará potestad a las CCAA, órganos competentes en materia de vivienda, para emitir un informe vinculante (es decir, que hay que obedecer sí o sí) para el expediente de concesión del visado.
Inversión en acciones o depósitos
Por otro lado, la propuesta también mantiene que se podrá obtener el permiso con una inversión igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública española, o de un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
La propuesta justifica que permitir la compra de vivienda de 500.000 euros o más para la obtención del visado entraña altos riesgo de blanqueo de capitales al desconocerse el origen del dinero y tensiona el mercado al comprar los inmuebles por encima del precio.
"En el contexto actual, la conjunción de estas inversiones inmobiliarias para obtener permisos de residencia, junto con otros elementos que tensionan el mercado, como el auge imparable de los apartamentos turísticos o la subida de los tipos de interés, suponen una grave amenaza para el acceso a la vivienda de las rentas medias y bajas", justifica el texto.
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